Todos los que conocemos al verdadero Fernando Alonso, el piragüista, percibimos que es una persona excepcional. Ecólogo fluvial de profesión, une su pasión por la naturaleza con la práctica de una de sus aficiones preferidas, el piragüismo. Es coautor de la Guía «Al Sur del Pirineo» y uno de los socios fundadores de AEPIRA. Una persona inquieta y con muchos conocimientos que afortunadamente utiliza para defender los derechos de los piragüistas.
En la siguiente entrevista nos explica su visión acerca de la situación de ríos y pantanos del estado y la labor de Aepira en la mejora de las condiciones actuales.

fernando alonso

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¿Cómo ves el panorama actual en cuanto al uso de espacios públicos para la práctica del piragüismo?

A diferencia de muchos países sajones, la red fluvial española es esencialmente pública, lo que debería suponer una gran ventaja para la práctica de nuestras actividades. Sin embargo, la legislación de navegación en aguas interiores no se ha sabido adaptar a los cambios drásticos en el uso público del medio natural y nos seguimos rigiendo por las mismas normas que las barcazas fluviales de hace setenta años. Esto nos ha llevado a una auténtica pesadilla burocrática: una quincena de declaraciones responsables diferentes con requisitos distintos, hasta dos meses para reunir los papeles, obligación de colocar varias matrículas en una piragua, etc. La suma de tasas anuales que habría que pagar por poder remar legalmente en toda España supera al salario mínimo mensual, cuando la Ley de Aguas establece que el canon debería ser el 5% del valor de utilización, empujando a la gente a la clandestinidad. El caso de España es único en la Unión Europea: cuentas nuestra situación a gente de Francia, Portugal o Italia y no se la creen…

Hay que tener en cuenta que en la regulación de nuestras actividades se solapan, solo en la Península, quince demarcaciones hidrográficas y otras tantas comunidades autónomas distintas (estas últimas con sus competencias medioambientales). Un auténtico reino de taifas en el que el grado de coordinación es tan bajo que, en tan solo cinco años que lleva funcionando el procedimiento de declaración responsable para navegar, se ha conseguido entre todos volver a duplicar la situación de desbarajuste que ya existía antes con las autorizaciones.

La gestión de la navegación y los usos recreativos es una cuestión menor en las Confederaciones y le dedican muy pocos recursos: su principal preocupación en los últimos años deriva de la dispersión del mejillón cebra, no de otra cosa. Tanto en la administración de aguas como en la ambiental (autonómica) campa a sus anchas el “corta y pega”: de esta manera se perpetúan y propagan normas a las que cuesta encontrar el sentido, la justificación o la proporcionalidad. En el caso de la normativa de espacios protegidos los plazos han obligado a publicar cientos de normativas de gestión en muy pocos meses y se ha tirado de todo lo que hay, sin discriminar contenidos. En fin, algunas Confederaciones, destacando por lo negativo las del Tajo y el Cantábrico, se llega a prohibiciones totales que abarcan el ochenta por ciento de la red fluvial: esto es inadmisible.

Así que estamos frente a una muralla administrativa compuesta por muchas capas: pelas una y aparece otra. Esto no quiere decir que estemos vencidos de antemano: en ocasiones un cambio pequeño en el momento oportuno puede modificar sustancialmente la situación para nosotros. Y es fundamental estar ahí, en ese preciso momento, para proponerlo y conseguirlo. En este sentido hay dos objetivos muy concretos: uno requiere una modificación legal menor (eximir a las piraguas y otras embarcaciones ligeras sin motor de declaración responsable), el otro no (entre tanto, que una sola declaración responsable habilite a navegar en todas las cuencas).

¿Cuándo y con qué fin se funda AEPIRA?

AEPIRA se constituye a mediados de 2014, pero el interés en la defensa de nuestras actividades de varios de los fundadores viene de mucho antes. Otros intentos previos de asociacionismo no siguieron adelante, ahora mismo recuerdo el de la Asociación de Aguas Bravas. Es curioso que AEPIRA surja en un momento en que algunas federaciones deportivas -y sobre ellas la RFEP- apuestan por implicarse en estos temas, ya que históricamente el principal motivo para asociarse era el absoluto desinterés de éstas por todo lo que no fuera la competición. El detonante concreto fue la necesidad de aglutinar a todo el sector para combatir la abusiva normativa de navegación en la cuenca del Cantábrico, con el objeto de reunir los fondos y voluntad imprescindibles para seguir adelante por la vía contenciosa y continuar así el trabajo ya hecho en otras acciones y recursos previos. Esta Confederación se ha inhibido totalmente de sus competencias al aceptar las imposiciones de las autonomías asturiana y cántabra, que en unos casos han utilizado de forma torticera la legislación de espacios, y en otros han vulnerando todos los principios de proporcionalidad y adecuación exigibles, con el único fin excluir a los piragüistas de los ríos para satisfacer a un lobby y evitarse así problemas. Aunque este objetivo en particular no se ha conseguido, la existencia de la asociación sigue estando, creo, totalmente justificada. Es necesario que exista quien tenga como primer objetivo (y no como uno más de entre otros muchos) la defensa de la actividad recreativa como uso del río. Más aún dentro de una tendencia generalizada al aumento de la práctica no competitiva del deporte al aire libre, como la que vivimos.

AEPIRA es un asociación estatal sin ánimo de lucro. Nuestro fin principal es la defensa del derecho a la práctica del piragüismo y otras actividades acuáticas dentro –y esto hay que subrayarlo- del máximo respeto al medio natural y a las normas que lo regulan, siempre y cuando estas sean proporcionadas y fundamentadas. No pedimos barra libre: hay lugares muy sensibles en ciertas épocas a los que nuestra actividad permite acceder. Ahora bien, lo que no podemos admitir es lo que sucede ahora: prohibiciones generalizadas basadas en prejuicios y no en los datos científicos, las producidas por el desconocimiento absoluto de nuestra actividad entre los gestores, las desproporcionadas o las discriminatorias sin más frente a otros colectivos de usuarios que pretenden seguir usando de forma exclusiva un recurso valioso, los ríos, que son de todos. Sin olvidar simplificar y llegar a eliminar los requisitos meramente administrativos, que en España, como he dicho, son muchos. Todo ello con el apoyo de las leyes que recogen precisamente estos principios, aunque no se apliquen. Nuestra actividad es, a diferencia de muchos usos del río, no consuntiva (no gasta agua), sin ánimo de lucro, no contaminante, sostenible y además genera nuevas economías locales a pie de río y desestacionaliza otras.

No descuidamos una vertiente tan importante como la anterior para nosotros y congruente con ella: nos involucramos en defender unos ríos limpios, con el agua que les corresponda en cada momento, y sin presas. Este es además un punto de contacto importante con otros colectivos de conservacionistas y pescadores que comparten esta percepción: desde distintas aproximaciones al medio fluvial, todos necesitamos y debemos defender conjuntamente que nuestros ríos sigan vivos.

¿En qué se está trabajando en este momento?¿Cuáles han sido los principales logros?

Dado el corto tiempo de vida de la asociación hay más cosas en marcha que logros concretos. Estamos trabajando en la modificación de las restricciones horarias y de época en la cuenca del Ebro y nos hemos personado ante el Defensor del Pueblo en la cuenca del Tajo (que lleva más de cinco años sin contestar porqué han prohibido a la navegación sin motor setenta por ciento de la longitud de ríos y embalses de la cuenca). Se ha participado en las diferentes fases de información pública de espacios naturales protegidos en los que normas que regulan nuestra actividad en Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Aragón, de momento. Se ha intervenido alegando ante la construcción de varias minicentrales que afectarían a ríos de gran interés, como el Ancares, el Eska, etc. También sobre prohibiciones concretas no motivadas a nuestro entender (ya que sin embargo se permiten otros usos extractivos en los mismos tramos, como la pesca), como en el alto Veral y Subordán, etc. Se está detrás de todos los procesos de modificación de normativa de declaración responsable que conocemos, y además se está instando a todas las Confederaciones a cumplir con su obligación de publicar anualmente la normativa completa de navegación en el BOE.

Aún así, ya hay logros. Uno, no solo nuestro, sino compartido con las federaciones, es haber unificado nuestra acción ante la administración: ahora mismo la postura del piragüismo existe y es coherente. Así, se han trasladado varias propuestas al ministerio para eliminar la declaración responsable para piraguas, las matrículas y otras. Nadie nos puede decir que no hemos dado propuestas concretas, sencillas y argumentadas y, si se quiere, fáciles de adoptar. Muchas ni siquiera necesitan cambios en la legislación, y cuando los requieren, son menores.

Otro es que las Confederaciones Hidrográficas se estén viendo forzadas cada día más a dar explicaciones acerca de lo que ponen en sus normas, cosa que no habían hecho en toda su historia.

¿Qué acciones hay previstas a corto plazo?

Sobre todo seguir trabajando en esa misma línea, los frutos vendrán de insistir una y otra vez y aprovechar toda oportunidad para poner encima de la mesa nuestra situación y nuestras demandas.

Tenemos que mejorar nuestra representación territorial para estar al día y anticiparnos a las modificaciones que puedan luego afectarnos. Es esencial que en cada Confederación, cada servicio de medio ambiente, en los medios de difusión le pongan una cara concreta a AEPIRA. En algunas zonas estas personas ya existen, en otras estos huecos tienen que ir llenándose. También se está haciendo un esfuerzo por mejorar la divulgación a través de Internet, hacerla más dinámica y actual.

La asociación ha surgido dentro del colectivo de piragüistas de aguas bravas, y lógicamente esa es la problemática que conocemos mejor, pero ya puso en evidencia desde la fundación de AEPIRA que gran parte de la problemática se comparte con otros colectivos (aguas tranquilas, kayak de mar, barranquismo) y la experiencia que tenemos sería aprovechable por todos, éste es otro de nuestros objetivos.

Una de las cosas importantes que está pendiente de resultado sirve de ejemplo de oportunidad cogida al vuelo. También de colaboración, con la implicación directa de la RFEP y del Consejo Superior de Deportes. Hace poco el Gobierno anunció a bombo y platillo la unificación de las licencias de caza y pesca autonómicas. Se hizo ver a la ministra que si se había conseguido poner para ello de acuerdo a varias autonomías, con signos políticos y leyes de caza y pesca diferentes, no veíamos porqué no se podía conseguir lo mismo con mucha mayor facilidad con la declaración responsable de navegación, en el que sólo está implicada una dirección general de su propio ministerio, de la que dependen todas las Confederaciones. Sólo nos queda saber qué nos responden, si lo hacen.

A medio plazo nuestro trabajo está encaminado a conseguir una situación similar a la del resto de países de la Unión Europea, es decir, que el piragüismo venga a ser el equivalente a un uso común del agua, con su normativa, pero sin la necesidad de burocracia asociada. También en que sea real la representación de los usuarios no consuntivos (los que no “gastan” agua) en las Confederaciones, como marca la legislación.

¿Qué le aporta a un piragüista? ¿por qué nos deberíamos asociar? ¿en qué se gasta el presupuesto de AEPIRA?

Todos debemos pelear porque nuestra actividad no sea clandestina a la fuerza: si lo conseguimos, el piragüista que rema al margen de la normativa, que todavía abunda y está tremendamente expuesto, ya que una denuncia por remar sin papeles o donde no está autorizado anda sobre los setecientos euros, estará mucho más protegido. Seremos más visibles al estar todos legalizados, y con mayor capacidad de presión para conseguir nuestros objetivos.

Las Administraciones no rectifican su normativa espontáneamente. Los colectivos que no están representados y que no se muestran activos son ignorados en la toma de decisiones. Creo que es fundamental hacer, en lugar de criticar a los que no hacen: esto en mi opinión no lleva a ningún sitio. Me encantaría que tomáramos el ejemplo de American Whitewater, la campaña River Access de la BCU (en un plano más institucional), o por poner un ejemplo de aquí y construido por usuarios de los ríos, AEMS-Ríos con Vida.

Se ha rebajado el coste de la cuota anual a 30 euros, que parece una cantidad asumible. Otra forma de implicarse es aportando como voluntario las habilidades, disponibilidad o conocimientos de cada uno. Los voluntarios son esenciales asociaciones como la nuestra: la mayor parte del trabajo se hace por la aportación desinteresada de tiempo, es imposible pagarla a través de una plantilla.

Sin embargo, obtener argumentos jurídicos cuesta dinero. Al final muchas cosas dependen de que el enfoque jurídico sea el adecuado, si no todo el trabajo previo se va al traste, lo que desanima y frustra. Judicializar todas las actuaciones puede ser inasumible económicamente para una asociación como la nuestra, pero necesitamos recursos para construir pruebas y argumentos que puedan llevarse a un juicio. Costear la alternativamente la publicación de un manual de impacto ambiental del piragüismo que pueda presentarse a las administraciones públicas y a los ciudadanos dando información veraz es otra opción que se está valorando. También nos cuesta dinero las plataformas de difusión, desplazarse a las reuniones, gestionar la asociación, etc.

 

Como siempre un placer escuchar a Fernando Alonso y desde aquí animaros a que colaboréis con AEPIRA para luchar contra burocracias injustas y poder seguir remando en nuestros ríos.

Ramon Etxaniz.